Por: José Luis Apodaca Villarreal

En sus múltiples iniciativas para apertura de Pemex a la inversión privada extranjera, los gobiernos federales han argumentado que la renta producida por la explotación de los hidrocarburos no se comparte, porque así lo establece la Constitución.

La matemática más elemental nos dice que la renta de una empresa es el resultado de restar de los ingresos, los gastos. El gobierno federal, apoyado por el congreso y los partidos políticos, ha encontrado la manera de repartir gran parte de la renta actual y futura de PEMEX, por la vía del incremento en los gastos, contratando servicios y deuda muy cara con grandes empresas trasnacionales. La paraestatal no ha optimizado los gastos para incrementar la renta y disminuir los precios de los energéticos, y México perdió la oportunidad de beneficiar a cientos de miles de empresas mexicanas y a millones de ciudadanos, consumidores de energía y productos petroquímicos.

Los gastos de inversión se han destinado fundamentalmente a la extracción de crudo, la exploración es baja y las reservas probadas han disminuido: Con el mismo ritmo de extracción tendremos crudo para 10 años. Para maximizar las transferencias impositivas se ha contratado deuda muy cara a largo plazo __en su mayor parte bajo el esquema pidiregas__ que en 25 años implicará pagar 3.3 veces el monto recibido; se estima que Pemex tiene una deuda de 145 Miles de Millones de dólares (MMD). Los beneficiados son los bancos que las financian y las empresas extranjeras que son proveedoras de Pemex, a quienes además caracteriza baja eficacia en la calidad de los servicios que ofrecen…

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Estrategia y Renta Petrolera en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela

Victor Rodríguez Padilla
Judith Pérez

Introducción

Es frecuente que el interés de las economías industrializadas en mantener un clima de abundancia energética, así como la voluntad de las compañías petroleras internacionales (CPI) de controlar un lucrativo negocio enfrenten las necesidades reales de desarrollo de las naciones. El conflicto se recrudece cuando los gobiernos de los países en desarrollo se empeñan por compromisos, ideología o interés particular en atraer a cualquier precio inversión en las actividades de exploración y producción (E&P) de petróleo y gas natural. Cobrar muy pocos impuestos, dar grandes facilidades y mantener marcos legislativos, regulatorios e institucionales laxos, son una manera de interesar al capital pero no necesariamente para propiciar desarrollo.

El objetivo general de este estudio es comparar los marcos contractuales en materia petrolera en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. De manera específica se plantea, por una parte, analizar la manera como cada país ha articulado normativa y contratos para obtener ingresos provenientes de la explotación petrolera; por otra parte, estimar el beneficio razonable, por encima del cual la ganancia para las firmas internacionales es excesiva y daña la capacidad de desarrollo del país.

El documento se divide en siete capítulos. En el primero se presenta, para cada uno de los países bajo estudio, el contexto económico y las condiciones de explotación petrolera durante los últimos 25 años. En el segundo se presenta la evolución del marco jurídico, contractual y fiscal de acuerdo a los cambios económicos y políticos más relevantes ocurridos en esos países. En el tercero, se ubica la importancia que tienen esos países en la estrategia de Repsol YPF. En el cuarto capítulo se analizan algunos de los contratos otorgado a la firma española, lo cual permitirá, en el quinto capítulo, analizar los resultados económicos que arrojan dichos contratos cuando se aplican a un yacimiento prueba diseñado para tal efecto; se trata de una técnica similar a la que utilizan las compañías petroleras internacionales para comparar el comportamiento ex ante y ex post (antes y después de impuestos), de diversas opciones de inversión. Para complementar el análisis de los contratos, en el capítulo seis, se analiza el impacto que tendría la eliminación o evasión del impuesto sobre la renta sobre la rentabilidad esperada por Repsol YPF. Finalmente, en el capítulo siete se proponen algunas definiciones de ganancia justa y se estima la brecha con respecto a los resultados económicos que dichos contratos le permiten a la firma española.

Leer primera parte del libro: Repsol YPF en América Latina 1a. Parte

Leer segunda parte del libro: Repsol YPF en América Latina 2a. Parte

Sí, es necesario un debate nacional. Es imprescindible. Y no me refiero –por cierto– a la caricatura del pasado domingo. Sí, en cambio, al que debe darse en torno a un punto central que, al menos desde hace 35 años, he escuchado de mis maestros, mis compañeros y ahora de mis alumnos, en la Facultad de Economía de la UNAM. Incluso –yendo un poquito más lejos– de una u otra manera lo escuché desde finales de los sesenta de varios maestros de economía del Tecnológico de Monterrey, en aquellos años en que todos los lunes veía llegar al campus Monterrey, a don Eugenio Garza Sada, a reunirse con el rector Fernando García Roel, y en los que se demandaba una apertura que no se dio. En este caso me refiero a profesores notables como Giorgo Berni, Jean Pierre Vielle, Hermann Von Bertrab, entre otros del Departamento de Economía del Tec de entonces. Y en el caso de la UNAM a profesores muy importantes –permanentes o visitantes– como Jean Pierre Angelier, Carlo Benetti, Orlando Caputo, Juan Castaingts, Emilio Caballero, Lilia Domínguez, Theotonio Dos Santos, Pío García, Eduardo González, Raúl González, Arturo Huerta, Rogelio Huerta, Edith Klimovsky, Pedro López, Ruy Mauro Marini, Jean Marie Martin, María Luisa de Mateo, Pedro Paz, Jaime Puyana, Carlos Toranzo, José Valenzuela, Ángel de la Vega, entre otros muy pero muy queridos y admirados, de la División de Posgrado de mi amada Facultad.

¿Pero a qué punto central me refiero? ¡Me explicaron mis profesores! Se produce un bien. Depende directamente de un recurso natural, siempre supuesto el uso de la mejor técnica. Pero la fertilidad y la ubicación son determinantes. Por eso se comercializa a nivel mundial. Es una de las llamadas commodities, también siempre sujetas a una especulación intensísima. Hay productores –digamos países– que tienen condiciones excepcionales. Sus costos individuales son menores –a veces muy pero muy menores– ya no sólo respecto del promedio mundial (en este caso sólo dato de referencia), sino del productor con condiciones menos favorables –el marginal– cuya producción es exigida por el nivel de la demanda.

Por eso, precisamente, el marginal cambia conforme cambia la demanda. Más allá de lo que oscurecen los precios de mercado. ¿Qué debe hacer, entonces, el país con ese diferencial de costos cuando –una vez establecida la propiedad privada o pública del recurso– logra apropiarse de él? ¿Cuál diferencial? El que resulta de la lejanía de su costo con el del marginal, el costo marcador del momento. Los clásicos (Malthus, Smith, David Ricardo) y el mismo Marx lo llamaron renta diferencial. Y lo distinguieron –asunto básico para identificar límites y posibilidades de este recurso– de otros excedentes que surgen en la producción y que logran recogerse en el mercado: la ganancia industrial, la ganancia comercial, la ganancia bancaria, incuso la que algunos llaman ganancia tecnológica, entre otras, incluida la ganancia especulativa. Todas ellas –por cierto y reiterando un poco– fruto de una pugna a veces muy pero muy violenta, en la medida que están limitadas al excedente creado por el trabajo productivo, asunto que la economía dominante –la del neoliberalismo– pretende negar o, al menos, ignorar o diluir.

¿Qué bienes están en estas condiciones? Granos básicos, es decir, arroz, frijol, maíz y trigo y todos los demás productos agrícolas, incluido el preciadísimo café. Productos pecuarios, muchos de ellos –como sabemos –vinculados a pastizales que permiten carne y leche de primera calidad. Productos silvícolas como maderas preciosas o maderas básicas, en ocasiones fruto de estándares de productividad elevadísimos. Productos de la pesca, entre los que sobresalen el atún, el bacalao, la sardina, el salmón y millones más como me explicó Marco Rascón. Productos mineros, como el hierro básico, el uranio, el zinc, pero también metales preciosos como la plata y el oro. Y, sin duda –para sólo dar un último ejemplo– todos los de industrias extractivas energéticas como la del petróleo, del que hoy se exigen volúmenes diarios cercanos a los 90 millones de barriles y 100 millones en unos años más.

En cierto sentido, el carácter limitado de las reservas de estos recursos implica la explotación de los más fértiles o mejor ubicados primero, y de los menos fértiles o peor ubicados después. El orden de explotación lo va determinando el nivel de la demanda. Claro que la geopolítica también. Pero, simplificando diremos que más requerimientos del bien exigen la explotación de recursos menos fértiles o de ubicación menos favorable. Así y salvo descubrimientos extraordinarios o cambios técnicos notables, lo que llamé costo marcador tiende a elevarse. Y en consecuencia, la renta diferencial también, siempre y cuando el costo individual baje o no se eleve. O, si se eleva, lo haga en menor proporción que el marcador. En el caso del petróleo y del gas natural tradicional –para no señalar otros ejemplos como podría llegar a ser el del llamado shale gas– y al menos desde mediados de los años 70, México ha tenido costos menores que los marcadores. Eso ha permitido la apropiación –en este caso pública por las definiciones del 27 constitucional– de los excedentes petroleros, entre ellos la renta diferencial.

Muchos años –al menos hasta principios de los años noventa– parte de esa renta se regaló a los consumidores de petrolíferos. También se utilizó para sostener procesos de refinación y petroquímica con estándares de productividad inferiores a los que exigiría –por ejemplo– la recepción de insumos a precios internacionales. Desde principios de los 90, esa renta y los demás componentes del excedente, se han utilizado para detener la participación de los impuestos en el PIB: nunca más de 11 y, de ordinario, 10 o abajo de 10 por ciento. Y con ello, beneficiar a sectores importantes de los patrones, con ámbitos sin impuestos.

¿Ejemplos? Grandes transacciones comerciales. Cambios de propiedad. Grandes herencias. Grandes patrimonios. Grandes rendimientos bursátiles. Aquí, entonces y ya para concluir, el punto del debate. ¿Debe la Nación conservar la propiedad originaria de recursos naturales, como lo ordena un 27 constitucional cada vez más debilitado? Y si ese es el caso, ¿qué uso debe darse a los excedentes –entre ellos la renta petrolera– derivados de mayor fertilidad y mejor ubicación?

Y, en el caso de recursos concesionados, ¿qué nivel de participación debe tener el Estado en esos excedentes? Es un punto muy simple. Pero muy importante. No se ha escuchado a ningún candidato a la presidencia pronunciarse explícitamente sobre ello. Por mínima honestidad no sólo intelectual, sino social frente a la población, deben decir qué quieren hacer a este respecto. El asunto es fundamental. Sin duda.

NB Para mi estudiante Héctor León Rojas que por fortuna volvió a vivir. Lo mejor para él y su familia.

antoniorn@economia.unam.mx

Publicado en La Jornada, 13 mayo 2012

Publicado en Tiempo Argentino
Domingo 06 de mayo de 2012

La necesidad de la renacionalización de los hidrocarburos está dada por su carácter soberano y estratégico.

Desde fines del siglo XIX, el petróleo se transformó en el elemento central de todo proceso económico, emancipador e industrialista. Y ha sido uno de los principales objetos de disputa entre los países. Basta con observar los genocidios y usurpaciones por parte de los países agrupados en la OTAN y la usurpación y exploración petrolera de Inglaterra en las Islas Malvinas. Las consideraciones antecedentes dejan en claro la legitimidad de la histórica decisión del gobierno nacional de recuperar YPF y de YCF.

En 1938 Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de la industria petrolera en México. Dijo en su discurso:

“Las compañías petroleras han gozado durante años de grandes privilegios(…) cuyos factores, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.”

Tenemos que hacer historia, memoria argentina y latinoamericana que desnuda el vaciamiento al cual las grandes potencias sometieron y pretenden seguir sometiendo a nuestros pueblos, apoderándose de sus riquezas y de su trabajo. Eso pensaba Hipólito Yrigoyen cuando el 3 de julio de 1922 fundó YPF, la primera petrolera estatal del mundo. Se enfrentó a la Standard Oil lo que constituyó una de las causas de su derrocamiento, como denunció Raúl Scalabrini Ortiz. Durante los siete años de la gestión del primer director de YPF, el general Mosconi, la empresa multiplicó 400 veces su capital inicial. En 1949, durante el gobierno de Perón, el art. 40 de la nueva Constitución otorgó al gobierno jurisdicción sobre todas las concesiones petroleras por primera vez en la historia. En la misma época, el presidente Getulio Vargas de Brasil creaba la empresa estatal Petrobras, en tanto Perón inauguraba el primer gasoducto de América Latina, que recorre 1700 km entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires. Arturo Frondizi escribió Petróleo y Política, usó ese texto para la campaña presidencial de 1957 y estableció un compromiso con el exiliado Perón que incluía la defensa del petróleo. Fue el primer compromiso que rompió, otorgando concesiones a las petroleras multinacionales. Ahí empezó la debacle. Poco después, el presidente Illia anuló esos contratos, y ello fue una de las razones de su derrocamiento. La dictadura cívico-militar comenzada en 1976, endeuda fraudulentamente a YPF y a Gas del Estado con empréstitos millonarios, derivados al sistema rentístico-financiero. El FMI y el gobierno de Carlos Menem idearon el Plan de Convertibilidad, que les posibilitó privatizar las empresas públicas. Se permitió comprar las dos compañías más grandes de la argentina, YPF y Gas del Estado, con bonos de la deuda, que valían sólo el 15% de su valor nominal. Con la privatización, en 20 años, el país cedió a las petroleras 5000 millones de barriles, una riqueza equivalente a precios de hoy a 550 mil millones de dólares. Gas del Estado, que había sido la tercera compañía gasífera del mundo, modelo de varios países, fue vendida por la tercera parte de su valor. Las privatizaciones no fueron dirigidas a la exploración y al incremento de reservas, sino a la sobreexplotación. En 1999 finalizó el proceso con la venta de la empresa a Repsol. El país perdió aceleradamente sus reservas y no se desarrollaron fuentes de energía alternativas. YPF y YCF nacionales eran productoras de conocimiento y organizadoras sociales. Desarrollaban investigación y formaban técnicos. Las características de la explotación obligaban a combinar tecnología con los saberes adquiridos por los trabajadores en la experiencia laboral. Dentro de YPF se desarrollaron estrategias para legitimar e incorporar esos saberes. ¿Qué hubiera sido de América Latina si Cárdenas no nacionalizaba el petróleo, trazando el límite con el imperio que tanto le cuesta hoy sostener? Hoy podemos decir con orgullo que la presidenta CFK ha tomado esa bandera y trazado el límite a la usurpación de las riquezas latinoamericanas, desde la Argentina, aquí en el sur.

*Presidenta del Partido Frente Grande.

Dip. Nac. Presidenta de la comisión de Educación de la HCDN.

En la última década del siglo pasado, en la marejada de expansión del dominio del capital financiero sobre la economía mundial y los estados nacionales, fenómeno epocal conocido como neoliberalismo, el gobierno de la República Argentina, entonces en manos del presidente peronista Carlos Menem y su pandilla, privatizó el petróleo y la empresa petrolera nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Este despojo fue aprobado por las dos cámaras del Poder Legislativo. Era el año 1992. Así la empresa española Repsol se convirtió en propietaria de 57 por ciento de las acciones de YPF y en usufructuaria del petróleo argentino, de la renta petrolera y de su uso y disposición en el mercado global según sus intereses, conveniencias y decisiones.

El petróleo pasó a ser, de un recurso considerado como reserva estratégica de la nación, a una mercancía más (commodity) en el mercado mundial. Con ese criterio empresarial fue manejada la empresa por sus accionistas españoles y el grupo inversor argentino Eskenazi, que poseía 25 por ciento del paquete accionario. Bajo este esquema las ganancias producidas por YPF no eran destinadas en parte, como es de rigor, a reinvertirse en exploración y modernización de sus instalaciones, sino que podían ser y eran dirigidas a inversiones de Repsol en otros destinos.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha expropiado ahora 51 por ciento de la acciones y asumido así para el Estado la dirección y el control de YPF, dejando 6 por ciento en poder de los accionistas de Repsol y sin tocar, al menos por ahora, al grupo Eskenazi. En los días de la discusión del proyecto de ley expropiatoria (hoy aprobada), el economista Alfredo Zaiat (Página/12, 28 abril 2012) explicaba la situación. Su artículo se titula Primer paso:

“La política predatoria de los recursos no ha sido patrimonio exclusivo de Repsol. El resto de las petroleras tiene igual comportamiento porque se rigen por la maximización de las ganancias, lo que implica la explotación de los pozos lo más rápido posible, con lógica financiera, que responde al modelo energético neoliberal. Por eso, tan importante como la expropiación de 51 por ciento de las acciones de YPF, es el artículo 1º de este proyecto, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, lo que implica que el petróleo y el gas dejan de ser considerados una commodity, de libre disponibilidad para las firmas que lo extraen, para adquirir la categoría de bien estratégico bajo intervención del Estado. Se trata de un primer paso fundamental para empezar a desarticular el modelo energético privado en crisis”.

Ahora bien, concluye el economista: El control estatal de YPF, como también el fin a la libre disponibilidad, no será suficiente si no se diseña una estrategia de desarrollo en el sector energético en función de las necesidades del país, y menos de la lógica rentista y mercantil de las petroleras y otras firmas privadas. Esto significa profundizar la intervención pública en el sector energético. La caída de reservas, la remisión de crecientes utilidades, la menor producción de petróleo y gas, y el déficit de la balanza comercial sectorial, son la causa de la crisis del modelo energético. Ya se dio el primer paso para cambiarlo.

La ley expropiatoria enviada por el Poder Ejecutivo fue aprobada el 25 de abril en el Senado por 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones; y el 3 de mayo en la Cámara de Diputados por 208 votos a favor, 32 en contra y cinco abstenciones. En ambas cámaras los votos de una gran parte de la oposición se sumaron a los del gobierno.

Fernando Pino Solanas, el director de cine que encabeza a un sector de la izquierda argentina agrupado en el Proyecto Sur, votó a favor de la expropiación pero pintó su raya. Recordó que en los años 90 había tenido que enfrentar a Carlos Menem, denunciándolo ante la justicia como el jefe de una banda que estaba saqueando el patrimonio público, lo cual le costó haber recibido seis balazos en mis piernas por la privatización de YPF y Gas del Estado votada en este recinto por diputados truchos. Entonces, agregó, se cometieron todas las infamias y todos los errores. [...] YPF se vendió sin inventario actualizado, y las imágenes de mis películas muestran los equipos tirados por todas partes. Cada uno agarró un pedazo. Dicho lo cual, votó a favor de la ley expropiatoria con estos argumentos:

Creo que este momento es muy importante, porque el sentir de 70 u 80 por ciento del pueblo argentino es de satisfacción al ver que la Argentina empieza a recuperar no una fábrica cualquiera sino un surtidor que saca oro, y saca mucho. Por eso tengo mucha esperanza, pero esto si las cosas se hacen bien. [...] Queremos una YPF ciento por ciento pública, control de la auditoría, sociedad por acciones con mayoría del Estado, control de las organizaciones sociales: que se honre a los trabajadores de YPF, que tanto fueron estafados que ni les dieron el 10 por ciento de las acciones prometidas.

Legisladores de la oposición, al votar a favor de la ley expropiatoria, recordaron también que durante los años 90 del siglo pasado, cuando el gobierno peronista de Carlos Menem privatizó el petróleo y muchas empresas más, entre ellas Aerolíneas Argentinas, comprada y luego destruida por Iberia, Néstor y Cristina Kirchner aprobaron esa política.

En el cierre del debate el diputado Agustín Rossi, jefe de la bancada kirschnerista, a propósito de los tiempos recordó que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo de México en su cuarto año de gobierno y que en Argentina el presidente Hipólito Yrigoyen creó YPF en el final de su gobierno, en 1922. Del mismo modo, dijo, ahora el gobierno argentino había escogido el momento político nacional e internacional más adecuado.

El cambio actual, dicen otros, embona con el pragmatismo de la cultura política peronista. Entre otros factores, el gobierno cuenta ahora con una posición exportadora más propicia. La soya, el principal producto argentino de exportación, tiene un gravamen de 35 por ciento en las ventas al exterior. En 2010 las retenciones por ese rubro ascendieron a 8 mil millones de dólares; en 2011, a 10 mil millones; y para 2012 la estimación es similar. Tales retenciones significan la recuperación por el Estado de una parte de la fabulosa renta agraria usufructuada por los grandes exportadores.

El momento de la expropiación fue decidido contando con que la medida tendría el apoyo de la mayoría de la oposición y, sobre todo, con la debilidad del reino de España ante su propia crisis financiera. Se llegó a saber que Repsol preparaba la venta de YPF a otros capitales. En el gobierno argentino hubo quien pensó en comprar la empresa pagando esas acciones a precio de mercado, no en expropiar. Pero también corría la posibilidad de la venta de Repsol a una empresa china. Imagínate, planeaban vender el petróleo argentino al Partido Comunista Chino, me dijo un colega. Bueno, al gobierno chino, dije yo. ¿Y cuál es la diferencia?, me respondió.

En estas condiciones el gobierno de Cristina Fernández, en lugar de comprar las acciones de Repsol en el mercado, utilizó su facultad constitucional expropiatoria. Se hizo cargo de la empresa y de sus instalaciones y la suma a pagar pasó a ser tema de discusión y acuerdo entre las partes. Para Mariano Rajoy y los capitales españoles fue una sorpresa y, a la vez, la piedra del escándalo. Para los voceros de la derecha argentina –los diarios Clarín y La Nación, entre ellos– también. Del rey de España sólo llegó a saberse que en esos días andaba en África matando inocentes elefantes.

El gobierno de Estados Unidos no mostró gran alarma: se iba una empresa petrolera europea de una porción de territorio americano, coto privilegiado de sus propias inversiones. El desfiguro lo hizo Felipe Calderón al calificar de lamentable e irracional la decisión expropiatoria. En el país del sur los pocos que se enteraron no se inquietaron: como presidente mexicano más bien recuerdan al general Lázaro Cárdenas.

El domingo 29 de abril se publicó en Página/12 una resolución de investigadores de la Central de Trabajadores Argentinos y del Área de Economía y Tecnología de Flacso-Argentina sobre la expropiación. En sus párrafos inicial y final dice así:

“La decisión del gobierno de retomar el control de YPF es el paso más relevante –en tanto condiciona directamente la producción industrial– en el camino iniciado en 2003 con la renegociación y quita de la deuda externa, el pago y posterior independencia de las exigencias del FMI, la recuperación del control estatal de los fondos jubilatorios, la ampliación de las asignaciones familiares, la estatización de la línea aérea de bandera, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y demás acciones tendientes a recuperar la soberanía del Estado en la toma de decisiones, para garantizar el bien común en un Estado constitucional de derecho”. [...]

En síntesis, la expropiación de las acciones de Repsol reafirma la prioridad de las necesidades e intereses nacionales sobre la lógica de maximización del beneficio a nivel mundial del capital trasnacional. Es un paso importante hacia la reversión de la concepción neoliberal que pone a los estados al servicio de la expansión de ese capital trasnacional y de sus aliados internos.

Estaba yo en Buenos Aires en las semanas de la expropiación. Me tomó por sorpresa como a tantos otros. Pude ver y conversar sobre el sentimiento de satisfacción, de contento nacional por una ley reparadora de tanto estrago, pese a que los tiempos más duros, si bien han cedido, para el pueblo argentino están lejos de haberse ido.

Publicado en La Jornada, 10 de mayo 2012

Con este trabajo sobre electricidad, iniciaremos una serie de evaluaciones sobre el sistema de suministro eléctrico mexicano, que esperamos se convierta en un buen debate sobre el tema.

No duden en enviarnos sus comentarios a redaccion@energia.org.mx.

El artículo está en: Encarecimiento_de_la_electricidad_mediante_pidireg

Ver nota en La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2012/04/29/opinion/013a1pol

Por: Víctor Orozco

El artículo 27 de la constitución mexicana establece: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

Amargas experiencias debieron ocurrir para que este principio se inscribiera en la ley fundamental del país. No sólo aquí, sino en todo el mundo. La propuesta inicial de colocar límites al poder de los dueños del capital, vino de los trabajadores y de los luchadores sociales. Anarquistas, socialistas, republicanos radicales, comunistas, advirtieron muy pronto que la fuerza de los grandes propietarios avasallaba y subordinaba a todo otro interés, incluyendo el colectivo o de las naciones en su conjunto. Las viejas demandas obreras: jornadas máximas, salarios remunerativos, derechos de sindicación y de huelga, prohibición del trabajo infantil, pago de salario igual por trabajo igual, son también limitaciones al uso y abuso de los grandes poseedores de la riqueza social. Al parejo de la depredación ejercida sobre la fuerza de trabajo, devorando las energías incluso de los niños, las empresas capitalistas se convirtieron en devastadoras de los recursos naturales de los pueblos. Hombres, animales, montes, ríos, mares, yacimientos minerales, petrolíferos: todo estaba allí para ser explotado sin barreras, hasta agotarlo, siempre en función del supremo objetivo, el de maximizar las ganancias.

¿Son estas palabras tan sólo ecos del pasado?. ¿Constituyen una admonición obsoleta?. Ni una ni otra cosa. En cualquier país o región del mundo, se sigue debatiendo en torno a la primacía de un interés sobre otro: o el privado o el de las colectividades. Hay ejemplos extremos y dramáticos, como el caso de Somalia, nación arrasada cuya población se muere de hambre y cuyos mares costeros eran hasta hace poco ricos hábitats de múltiples especies marinas. Aprovechando la debilidad del gobierno y las divisiones internas, las flotas europeas tomaron posesión de esta riqueza primero y luego convirtieron a estas aguas en albañales para volcar allí miles de toneladas de desechos tóxicos, desde basura nuclear hasta la generada en los hospitales. ¿Quien se los podía impedir?. Cuando unos pocos de los pobladores se armaron y secuestraron alguno de los barcos-basureros o pesqueros, medios de comunicación occidentales los hicieron famosos llamándolos “piratas de Somalia”, contra quienes se enviaron luego tropas francesas y españolas, para proteger a los saqueadores y a las cargas de la muerte. Cómo ésta, se pueden contar cientos de historias en los cinco continentes.

El gobierno de Argentina expropió a la antigua empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, uno de los emblemas económicos latinoamericanos, la cual había sido vendida a la (dizque) española REPSOL en su mayor parte, durante 1999, dentro de la ola privatizadora que en aquellos años arrastró entre otros países al nuestro y al de los argentinos. El argumento sencillo y central de la presidenta Cristina Fernández consiste en que los accionistas privados de YPF cada año se quedaban con la tajada de león repartiendo las utilidades de la empresa y reinvirtiendo unos cuantos dólares para su indispensable expansión, necesaria a su vez para satisfacer las necesidades energéticas del país: “Entre 1999 y 2011 Repsol ganó utilidades por 16 mil 450 millones de dólares, de los cuales se quedó con 13 mil 246″. En otros términos, de cada peso generado por los 13,500 trabajadores de su plantilla, en Argentina, los dueños de la empresa se asignaban bonitamente ochenta centavos y medio. El resultado ha sido el creciente desabasto de hidrocarburos, que obligó a importarlos pagando el año pasado nueve mil 397 millones de dólares, con el consecuente desequilibrio en la balanza de pagos, al que la presidenta llamó gráficamente “vaciamiento” de los fondos sociales.

La expropiación argentina constituye un acto de Estado, de legítima defensa de los intereses nacionales. Provocó, el alineamiento de fuerzas políticas ya esperado: el gabinete derechista español, los europeos protectores de las empresas trasnacionales, el de los Estados Unidos, las diversas agencias internacionales administradoras y cuidadoras de los tenedores de acciones. En México, se apresuraron a condenarla el presidente Felipe Calderón, así como los candidatos Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. La política económica ejecutada por el primero ha cumplido invariablemente con las exigencias del gran capital y el proyecto de los segundos se ciñe también a los intereses de éste. Durante el último cuarto de siglo los gobiernos mexicanos priístas y panistas, se han creído a pie juntillas o han aparentado creerlo, que postrarse ante el gran capital, entregarle recursos naturales, la fuerza de trabajo atada de pies y manos, convertiría a México en el emporio de los inversionistas, del empleo, de la buena vida. El resultado de este sometimiento incondicional a las tesis del neoliberalismo (al cual deberíamos buscarle ya otro nombre, pues la palabra “liberalismo” viene de una prosapia histórica asociada a la conquista de libertades, en tanto los seguidores de la Thatcher y de Reagan, sus dos adalides de mayor renombre, promueven como única libertad la de explotar sin piedad a sus semejantes), ha sido la caída de los salarios, el empobrecimiento de un número cada vez mayor de mexicanos, el deterioro y destrucción del medio ambiente en un grado desconocido y últimamente, como una consecuencia indirecta, la escalada de violencia y crimen.

Pocos gobiernos ha sido tan dóciles como el mexicano a los dictados del gran capital: transferencia de utilidades sin restricciones, bajos impuestos, salarios ínfimos, uso y abuso de recursos naturales sin cortapisas. Y todavía, a ello se le agregan las facilidades obtenidas por medio de los sobornos a los altos burócratas, como los perpetrados por los ejecutivos de Wall Mart y puestos en evidencia gracias a periodistas norteamericanos la semana pasada. Esta empresa, (que opera bajo múltiples siglas: Wallmart Supercenter, Superama, Suburbia, VIPS, Sam’s Club y Bodega Aurrera) según el candidato Andrés Manuel López Obrador, obtuvo ingresos por 400 mil millones de pesos de los cuales pagó apenas el dos por ciento por concepto de impuestos, la quinta o la sexta parte de los cubiertos por un asalariado medio.

El poder de las trasnacionales es inversamente proporcional al de las sociedades donde se implantan. Allí donde existe una colectividad fuerte, consciente de sus intereses, con instrumentos para salvaguardarlos, los grandes depredadores no pueden actuar con impunidad. Uno de estos instrumentos, el de mayor importancia, es la existencia de un Estado comprometido con la sociedad, integrada su clase política por hombres y mujeres con visión de largo plazo, alejada de estos horizontes estrechos de los políticos oportunistas, prontos a los sobornos, desde las pequeñas coimas hasta los encumbramientos por hechura de los medios de comunicación. El artículo 27 de la constitución sigue allí, como síntesis de las lecciones recibidas a lo largo de siglos y como proyecto histórico para la nación mexicana.  Es el mismo principio aplicado por los argentinos para defender sus recursos y hasta el de la desesperada acción de los “piratas de Somalia”.  ¿Qué harían con los nuestros estos candidatos presurosos a doblegarse, si llegan al palacio nacional?.  Josefina, rápida como Calderón, declaró una barbaridad, aun antes de pedírselo: “Lo último que yo tendría en mi agenda como presidenta de México sería el camino de la expropiación, mi camino es el de la libertad“.  La expropiación, una institución constitucional y un procedimiento jurídico empleado por los Estados… opuesto a la libertad. Ignorancia supina y riesgosa. Aparte, ¿Cuál libertad? ¿De quién?. Y todavía dice en su slogan que es “diferente”. Quizá en la tosquedad de los juicios.

Ni modo, hoy, aunque a varios intelectuales “modernos” -en realidad, resonadores de antiguallas conservadoras- les parezca arcaico, el interés de México está en el compromiso con este principio: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público…”

Publicado en:  4vientos, el periodismo en red el 30 de abril de 2012.

José Antonio Rojas Nieto

Expropiación de YPF La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Senado del proyecto de ley que establece la expropiación de acciones de YPF, equivalentes al 51% de su capital social. Asimismo, dispuso por decreto la intervención a la empresa petrolera, declarando de interés público nacional la exploración de hidrocarburos, para lograr autoabastecimiento.

No podemos ignorar la posición del presidente mexicano, Felipe Calderón quien, según el diario español ABC: lamentó hoy la decisión del Gobierno argentino de expropiar la mayoría de las acciones de la petrolera YPF e hizo ‘votos por que Argentina’ rectifique una medida que calificó de ‘muy poco responsable y poco racional’.

Como muy irresponsable e irracional fue la expropiación mexicana de 1938, diríamos nosotros. Por su parte, el periódico La Jornada consigna que el candidato a la presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto, dijo que respeta la decisión del gobierno argentino respecto a la expropiación de la empresa Repsol en el sector petrolero, aunque señaló que no la comparte porque esto resta confianza al sector privado para la inversión.

Claro, las empresas privadas van a resentir esta decisión que merma sus ingresos, tal y como sucedió con la creación de Pemex acá. El mismo medio reporta que Gabriel Quadri, candidato presidencial del partido Nueva Alianza, el de Elba Esther Gordillo, dijo que la decisión del gobierno argentino -de expropiar el petróleo- es una muestra lamentable del populismo latinoamericano.

¿Sabrá el Sr. Quadri de qué habla? Seguramente Buenos Aires verá en las próximas horas, manifestaciones populares de apoyo a la medida, tal como las que se vieron en México, cuando nuestra populista expropiación petrolera.

Por último, el sitio http://www.trespm.com.mx, dice que Josefina Vázquez Mota, también criticó la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF- Repsol que llevó a cabo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Lo último que tendría en mi agenda sería la expropiación, mi camino es el de la libertad”

Sí claro, la libertad de las empresas para llevarse la riqueza de las naciones. Andrés Manuel López candidato del PRD y otros partidos de izquierda a la presidencia mexicana, aprovechó para criticar el trato especial que la expropiada española Repsol tiene en México, mientras que Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la ciudad de México, del PRD, criticó el intervencionismo presidencial en asuntos argentinos.

Si Calderón dice que la decisión de la presidenta argentina, es “poco racional”, Peña Nieto piensa que la decisión “resta confianza al sector privado para la inversión” y Quadri, el cuadro de Elba Gordillo, dice que la expropiación es “populismo”, significa que estamos asediados por políticos que son voceros de las empresas petroleras globales que se duelen de la  valiente medida de la presidenta argentina.

La noticia es aire fresco en la relación de los países latinoamericanos con los capitales globales que han hecho presa de países como Grecia y que están a punto de apoderarse también de la economía de España, por cierto.

Mal la ha de estar pasando el recién electo presidente español, representante del conservadurismo español, Mariano Rajoy, quien ha tenido que enfrentar, además de una profunda crisis económica, la valiente decisión argentina de nacionalizar su petróleo, ello en prejuicio de una de sus empresas privadas más importantes.

Las reacciones del presidente y tres de los candidatos mexicanos a la presidencia de la república, son clara muestra de su ideología privatizadora y anticonstitucional.

Hacemos votos por el éxito de la medida expropiadora y reivindicamos, como siempre lo hemos hecho, la decisión mexicana de 1938, cuando siendo presidente de la república el general Lázaro Cárdenas, México expropió su petróleo.