Pues en menos de una semana habrá elecciones, varios meses de campaña, varios años de pre campaña, derroche infame de recursos económicos, toneladas de plástico, tinta, lona y papel, miles de mensajes por radio, TV y la prensa escrita, todo habrá terminado.
El sabor de boca que queda, no es bueno. Demasiadas promesas, demasiadas mentiras, demasiadas miserias.
Pero, al mal tiempo, buena cara. Que cada quien vote o deje de hacerlo, según lo dicte su conciencia. Habrá quien vote, libremente por algún candidato, habrá quien lo haga presionado, habrá quien prefiera no acudir a las urnas y habrá quien vaya, solo a anular sus opciones de voto.
Hagamos abstracción de los rencores y desengaños, que siempre pueden existir e imaginemos un país que a partir del lunes 2 de julio, unas horas y días después, quizás, tendrá Presidente, Senadores y Diputados electos.
Aquí empieza otro ciclo de la vida nacional y si nos guiamos por lo que se ha dicho en campaña y si suponemos que cada candidato va a hacer, o tratar de hacer lo que dijo, prometió y hasta firmó, el país va a ser un verdadero desastre.
Ya sea que gane Quadri, Josefina, Peña o López, el país que resultará de la ejecución de sus ofertas de campaña, requerirá de la atención urgente de sus ciudadanos. Ni la amenaza de represiones de EPN, ni la eliminación de subsidios de GQ, ni la privatización de Pemex que anhela JVM, ni el acopio de carretadas de dinero cortando salarios a funcionarios de AMLO, nos satisface, de hecho, nos preocupa tanta superficialidad. Lo que ha quedado claro en esta campaña es que los asuntos políticos del país, son demasiado delicados como para dejarlos en manos de los políticos, sin atención de los ciudadanos.
De lo que dijeron, prometieron, firmaron y alardearon en plazas, carteles y spots, nos queda claro que de seguridad, educación, derechos políticos, pueblos indígenas, impuestos, petróleo, electricidad, medio ambiente, soberanía nacional, pobreza, todos y cada uno de los candidatos nos han querido convencer de ideas preconcebidas, algunas por ideología de sus partidos, otros por meras ocurrencias de los propios candidatos, otras, lamentablemente, por intereses concretos de empresas privadas.
De foros de ciudadanos, incluso de militantes de los partidos postulantes, de discusión con ciudadanos, empresarios, académicos, estudiantes, organizaciones sociales, no hay nada, al menos nada que pueda demostrar que hubo atención a la opinión de la sociedad civil.
Entonces, si permitimos que un nuevo Presidente, un nuevo Senado y una nueva Cámara de Diputados, entren en funciones sin más presupuesto político que las promesas de campaña, este país pasaría del mal momento por el que está pasando a una época de caos difícil de imaginar.
¿Qué queda por hacer? Entender que entre los ciudadanos, todos sabemos todo. La sociedad organizada tiene que obligar a los nuevos funcionarios a que el rumbo del país se decida por conocimiento, por consenso, en atención a los intereses de la mayoría. Esto, por cierto, lo demostraron los jóvenes del movimiento #Yo soy 132, quienes dejaron claro, sin partidismos, que las propuestas de los candidatos son difícil de aceptarse de manera acrítica.
No podemos permitir que en el tema del petróleo, por ejemplo, se apliquen las propuestas de GQ, EPN o JVM, quienes alegremente han sostenido en sus campañas la agenda de empresas que se benefician con la ampliación de la participación privada en Pemex, en contradicción a lo que ordena nuestra ley fundamental. No lo vamos a hacer, principalmente porque dentro de sus propuestas privatizadoras, en favor de las empresas petroleras, se pone por delante una reforma a la Constitución; una reforma por cierto, a modo de los intereses de tales compañías.
No debemos permitir que se vuelva a los tiempos de Salinas, Zedillo y Fox, cuando el servicio público de electricidad se convirtió en botín y que los candidatos privatizadores siguen buscando que parte, o todo, el flujo de efectivo de las ventas de electricidad, no menos de 20,000 millones de dólares al año, vaya a parar al renglón de ingresos y de utilidades de empresas privadas, extranjeras según lo marca la experiencia de ya más de diez años de embates de la privatización.
Y no es que no sea legítimo que haya empresas trabajando en petróleo o en electricidad, el problema es que lo que leemos en las propuestas mencionadas, es participación total en la renta petrolera del país, por una parte, y eliminación del precepto constitucional del servicio público de electricidad como responsabilidad estatal, por otra.
No vamos a conceder razón a quienes nos hablan de baja eficiencia de CFE y Pemex, misma que no se corrige, según sus dichos, con arreglos internos en la organización y administración de las empresas; las fallas reales o inventadas se arreglan, según ellos, cuando nuestras empresas, que existen por mandato de ley, desaparezcan y sus ingresos, que en el caso de Pemex, representan la tercera parte de los ingresos de Hacienda, ahora vayan a parar a las ya mencionadas corporaciones privadas, muy eficientes para conseguir utilidades para sus accionistas.
Siendo así, llegue quien llegue a la presidencia de la república, fuera como fuese la composición del Congreso, sostenemos que el destino del país se debe discutir, analizar y decidir, a partir del 2 de julio, en la calle, en la red, en el espacio público, por los ciudadanos.
Esto porque, entre todos sabemos todo; entre todos, somos el país; así entre todos, decidamos el rumbo de la patria.
